Diputados comenzó a analizar el proyecto de la DGE para reducir el déficit de vivienda de los docentes

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar el acceso a la vivienda de los trabajadores de la educación. Este lunes, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar la Ley 9.545 para destinar recursos provenientes del remate de bienes estatales al financiamiento de operatorias habitacionales para docentes y celadores.

La iniciativa propone ampliar el alcance del Fondo Escolar Permanente, que hasta ahora se utilizaba para financiar infraestructura educativa, incorporando un mecanismo que permita respaldar desarrollos urbanísticos y líneas de crédito destinadas al personal educativo.

Cómo se financiarán las viviendas para docentes

El proyecto autoriza a la Dirección General de Escuelas (DGE) a subastar bienes muebles en desuso, vehículos fuera de servicio, materiales obsoletos y otros activos estatales que actualmente generan costos de almacenamiento.

Sin embargo, el eje de la reforma está en el destino de esos recursos. A través de la incorporación del Artículo 6° bis, la DGE podrá utilizar parte de los fondos líquidos como garantía para operaciones crediticias y proyectos urbanísticos que se desarrollen junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Más de 500 millones de pesos y nuevos inmuebles para rematar

Durante su exposición, García Zalazar explicó que el Fondo Escolar Permanente fue creado para administrar los recursos obtenidos de herencias vacantes y de bienes provenientes de procesos de extinción de dominio, vinculados a causas de corrupción o malversación de fondos.

Según precisó, el fondo acumula actualmente más de $500 millones gracias a las subastas realizadas durante el último año, mientras que otros 12 inmuebles ya se encuentran en evaluación para ser rematados.

"La idea es que los próximos remates no solo financien infraestructura y equipamiento escolar, sino que también sirvan para garantizar operatorias de vivienda para docentes", sostuvo el ministro.

"La idea es ir resolviendo este problema de manera gradual para que el IPV pueda ofrecer todos los años nuevas soluciones habitacionales a este sector", explicó García Zalazar.

Unos 23.000 trabajadores necesitan una solución habitacional

Uno de los datos que impulsó la iniciativa surgió de una encuesta realizada por la DGE.

El relevamiento reveló que 23.000 docentes y celadores mendocinos enfrentan dificultades habitacionales, ya sea porque alquilan, mantienen créditos hipotecarios o no cuentan con vivienda propia.